Costa Rica ya tiene una Agencia Espacial

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Por Ana Madrigal

Tras su reciente aprobación en la Asamblea Legislativa, el presidente Carlos Alvarado estampó su firma en la Ley de Creación de la Agencia Espacial Costarricense, AEC, que será un nuevo ente público no estatal.

La decisión del presidente causó sorpresa debido a que había dicho que el país no contaba con recursos económicos para este fin. Probablemente la opinión favorable al proyecto del astronauta Franklin Chang Díaz hizo que el presidente cambiara de opinión.  

“La ley no debe ser vetada”, sentenció el astronauta recientemente en sus redes sociales. Chang agregó: Una crisis no se puede desaprovechar. La agencia espacial se debe y se puede implementar hoy responsablemente, con un pequeño equipo humano que opere tanto con agilidad como con propiedad; que pueda tener las credenciales necesarias para participar en las conversaciones de entidades homólogas internacionales para asegurar más inversiones de la industria aeroespacial en Costa Rica y empresas como LeoLabs que ya hizo su apuesta millonaria en nuestro país. Costa Rica ya ha demostrado su capacidad de fabricar satélites y agregar valor en todos los ámbitos de la industria.

Chang recordó que muchos criticaron la creación de la Nasa en 1958 cuando Estados Unidos luchaba con la peor recesión económica de la posguerra y con la tasa de desempleo más alta de la década de los 50s. Sin embargo, tan solo una década después logró poner al primer hombre en la Luna y hoy el dividendo tecnológico de la Nasa no tiene precedentes para el país y con un inmenso retorno de inversión a su economía y con un mercado que tiene un valor de $360 mil millones.

El proyecto de ley fue impulsado por la diputada Aida Montiel, del PLN, quien se mostró satisfecha y agradecida con el presidente y destacó que la aprobación de esta agencia provee un marco jurídico que permitirá alianzas con otras agencias espaciales del primer mundo, para que nuestros estudiantes puedan hacer pasantías en ellas, como la Nasa de Estados Unidos y la agencia europea ESA. No descartó que incluso algunos costarricenses podrían quedarse trabajando en ellas.

El proyecto establece que, durante el plazo de cinco años, la agencia se financiaría con un aporte obligatorio de las instituciones del sector público no financiero, excluyendo al Gobierno central, los gobiernos locales, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las universidades públicas y la Universidad Técnica Nacional (UTN).

El aporte será obligatorio para estas entidades y equivaldrá a un 0,4% del superávit libre de cada año.

 

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